Yo quiero agradecer la invitación que me ha extendido la Pontificia Universidad Católica de Chile, para compartir con ustedes algunas reflexiones al momento de clausurar este seminario que, con el propósito de discutir sobre los desafíos de la equidad sanitaria, han organizado el Departamento de Salud Pública y el Centro de Bioética de esta casa superior de estudios.

Lo agradezco, particularmente, porque el tema de la superación de las desigualdades que existen en nuestra sociedad es uno de los objetivos que ha motivado el diseño de las políticas públicas en este gobierno, y es, a la vez, uno de los pilares sobre los cuales se sustenta la profunda reforma que pretendemos, en un esfuerzo del país, imprimir a nuestro sistema de salud.

Crecer con igualdad fue el compromiso que el gobierno del Presidente Lagos asumió con la ciudadanía al momento de formular una propuesta de desarrollo para nuestro pueblo; propuesta que es, antes que todo, una propuesta ética, una propuesta de desarrollo que contempla en su formulación el elemento que la debe hacer distintiva de cualquier otra, como es: el que los frutos de esta evolución social alcancen a todo nuestro pueblo y que el gobierno se comprometa explícitamente en este esfuerzo, tomando las medidas necesarias para que este crecimiento armónico y económico no quede al arbitrio exclusivo de las fuerzas del mercado ni a merced de redistribuciones espontáneas que, a menudo, tardan excesivamente en producirse.

En pocas áreas sociales la demanda de equidad es tan sentida como lo es en el sector de cuidados y protección de la salud; y nosotros, en este período de gobierno, lo hemos percibido en forma particularmente intensa, presente en prácticamente todos los sondeos de opinión pública que se han realizado con el propósito de medir las áreas de preocupación de la ciudadanía. Comparte la salud, con el empleo y la seguridad ciudadana, el "dudoso" honor de disputarse el primero de estos lugares en términos de demanda insatisfecha o, a su vez, como elemento generador de inseguridad o percepción de desprotección. Nuestra respuesta, por tanto, no puede demorar más, la superación de las desigualdades en salud debe ser —y así está contemplado en nuestra propuesta para este sexenio— uno de los principios que guíen la totalidad de las políticas ministeriales de salud y el propósito que guíe los esfuerzos de cooperación intersectorial que emprendamos con las universidades, los gremios, la empresa privada, la ciudadanía y los demás organismos gubernamentales.

La traducción de este principio rector en metas prioritarias significará, en un breve plazo, enviar al Parlamento, para su discusión, un proyecto de ley que consagre los derechos ciudadanos en esta materia, que consagre el derecho de toda persona a acceder a prestaciones que aseguren su salud sin discriminación de edad, sexo o condición socioeconómica, sin duda referida a los recursos que el país tiene. A la vez que explicite los deberes de corresponsabilidad que le cabe en la manutención de aquella. Para ser viable desde la perspectiva económica esta equidad, estamos avanzando en la elaboración de un sistema de financiamiento solidario, estudiado por la Comisión de Reforma que presido, la que en un plazo de ocho a diez meses deberá evaluar un informe para ser presentado al Presidente de la República.

El éxito de una propuesta dirigida a abordar las desigualdades en nuestro país requiere, necesariamente, de un profundo diagnóstico de las diferencias en la asistencia sanitaria, cuantificándolas en todos los niveles, incluso las comunas. Con este propósito estamos trabajando en la confección de un mapa que nos muestre las diferencias en salud y los condicionantes sanitarios, la oferta de servicios, la demanda de salud actual y su proyección, así como la calidad, acceso y oportunidad de las prestaciones que se ofrecen en nuestra población. En este proyecto estamos trabajando con el Ministerio, la OPS y, en algunas partes, con el apoyo de Canadá. De esta forma pretendemos determinar objetivamente las brechas que —resultantes de una asimetría— existen, sin duda, en nuestro país.

A partir de este diagnóstico se propondrá la implementación de un plan nacional de equidad que diseñe y aplique instrumentos eficaces de corrección de las asimetrías y el monitoreo de sus resultados, que debe rendir su fruto en el transcurso de este sexenio.

La finalidad del Estado, como constructor social, es contribuir al bien común en la mayor medida que le sea posible. Para lograr este objetivo, cada gobierno otorga en un contexto democrático la peculiaridad que su doctrina política y filosófica le imprime. Para este gobierno, esta impronta está dada por la equidad y la justicia social; equidad que, cuando es aplicada al acceso, oportunidad y calidad de los cuidados de salud que reciben los integrantes de una comunidad, excede largamente en sus resultados al ámbito de los individuos. La correlación positiva existente entre el nivel de salud de un país y su ingreso per cápita es una de las asociaciones mejor conocidas en política social; la causalidad que subyace a ella, sin embargo, no va solamente en el sentido de asociar un mayor ingreso con mejores indicadores sanitarios; también existe suficiente evidencia científica que nos permite afirmar que esta relación causal se da también en sentido inverso, y que el nivel de salud de una población, medido, por ejemplo, en expectativa de vida, es también un importante indicador independiente del crecimiento económico futuro de un país.

Construir equidad es invertir en nuestro futuro como nación; nuestras pretensiones de alcanzar el desarrollo económico en el próximo decenio pasan por sentar las bases para alcanzar, antes que aquel, nuestro desarrollo moral como sociedad y entregar a nuestras generaciones venideras un país más justo, más equitativo y más solidario. Ese es nuestro compromiso.